Este jueves se dio a conocer la presentación por parte de parlamentarios, el proyecto “Ley mordaza 2.0”, que sanciona con cárcel la divulgación de filtraciones y documentos investigativos sobre casos de corrupción.
Según informó ADN, la iniciativa fue impulsada por los senadores Pedro Araya (PPD), Luz Ebensperguer (UDI), Paulina Núñez (RN), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Alfonso de Urresti (PD), el cual busca regular la adecuada investigación penal, resguardando información que es secreta, como también establecer cuál es el límite de la vida privada en una investigación penal y aquellos antecedentes que efectivamente deben ser conocidos.
Esta ley, nace a raíz de los últimos casos de filtración de los casos de Manuel Monsalve, Luis Hermosilla y el reciente caso Pro Cultura, que involucró al presidente Gabriel Boric.
La razón que sea 2.0, se debe a que los parlamentarios también presentaron un proyecto similar en 2016, tras los escándalos que afectaron a los políticos sobre los bullados casos Penta y SQM. Finalmente la conocida “Ley Mordaza 1.0” no prosperó, gracias al rechazo de organizaciones periodisticas que argumentan defender la libertad de informar.
Ante este anuncio, la Federación de Medios de Comunicación Social de Chile, que agrupa a gremios como la Asociación Nacional de la Prensa de Chile (ANP), la Asociación Nacional de Televisión (ANATEL) y la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI), rechazaron este proyecto de ley, manifestando como un grave precedente que podría sentar para el ejercicio del libre periodismo en Chile.
“Creemos que este proyecto pone en serio riesgo la libertad de prensa y el derecho ciudadano a estar informado, pilares fundamentales de una democracia sana y transparente. La historia reciente de nuestro país ha demostrado que muchos de los casos de corrupción, violaciones a los derechos humanos o abusos de poder se han destapado gracias a investigaciones periodisticas”, señala del documento.
Y agrega que “Criminalizar el trabajo de periodistas que cumplen con su deber de informar no solo representa un retroceso democrático, sino que instala un mensaje de amedrentamiento que atenta contra el rol fiscalizador de los medios y la labor informativa que se ejerce”.
La federación recalcó que las instituciones deben ser las “responsables de contar con herramientas para sancionar filtraciones indebidas dentro del aparato estatal, sin necesidad de trasladar esa responsabilidad al ámbito periodístico”.